Costa Rica implementa las medidas nacionales de seguridad de la biotecnología mediante un marco jurídico, técnico y administrativo de carácter sectorial, integrado por leyes, reglamentos, directrices, procedimientos institucionales y otros instrumentos complementarios. Si bien el país no cuenta con una ley general de bioseguridad, dispone de normas que establecen competencias, procedimientos de autorización y mecanismos de evaluación, gestión del riesgo, seguimiento y fiscalización de actividades con organismos vivos modificados (OVM). El marco internacional se incorporó al ordenamiento nacional mediante la Ley N.º 8537, que aprobó el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, cuyas disposiciones se complementan con la normativa nacional sobre movimientos transfronterizos, evaluación y gestión del riesgo, documentación e intercambio de información. En el ámbito agrícola, la principal base normativa está constituida por la Ley de Protección Fitosanitaria N.º 7664 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N.º 26921-MAG. Estas normas atribuyen al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) competencias para regular, autorizar y supervisar actividades con OVM de uso agrícola, y establecen requisitos y procedimientos para su importación, movilización, uso confinado, liberación al ambiente y comercialización. Este régimen fue actualizado mediante el Decreto Ejecutivo N.º 44244-MAG, que fortaleció los procedimientos aplicables a organismos obtenidos mediante biotecnología moderna, incluyendo determinadas nuevas técnicas de mejoramiento genético y edición del genoma, así como la evaluación del riesgo, identificación, trazabilidad, monitoreo y participación pública. Asimismo, el Decreto Ejecutivo N.º 45785-MAG regula las auditorías en bioseguridad agrícola y fortalece la verificación del cumplimiento de las medidas aplicables a los OVM. La estructura institucional se complementa con el Decreto Ejecutivo N.º 44748-MAG, que establece las funciones del Programa de Organismos Genéticamente Modificados (POGM) del SFE, y con la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), creada por la Ley N.º 7664 como órgano técnico asesor. La implementación operativa se apoya además en procedimientos, formularios y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad del SFE. Otros sectores cuentan con normativa complementaria. La Ley de Biodiversidad N.º 7788 establece medidas para prevenir daños a la biodiversidad y los ecosistemas derivados de actividades con organismos genéticamente modificados. La Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal N.º 8495 regula aspectos relacionados con OVM de origen animal y otros materiales biotecnológicos, mientras que la Ley N.º 8591 y su reglamentación excluyen el uso de OVM en la producción orgánica y establecen medidas para prevenir la contaminación genética. El marco se complementa con resoluciones administrativas, criterios técnicos y jurídicos y condiciones específicas establecidas en las autorizaciones. En conjunto, Costa Rica cuenta con leyes, reglamentaciones, directrices y otras disposiciones aplicables directa o indirectamente a la seguridad de la biotecnología. No obstante, el sistema mantiene un carácter predominantemente sectorial y presenta oportunidades de fortalecimiento en otros ámbitos contemplados por el Protocolo de Cartagena, particularmente determinados OVM para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento (OVM-AHAP), el tránsito, los movimientos transfronterizos involuntarios y algunos usos no agrícolas.

Costa Rica ha adoptado medidas legislativas, administrativas, técnicas e institucionales para cumplir las obligaciones del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. Su marco nacional busca que las actividades con organismos vivos modificados (OVM) se desarrollen bajo un enfoque preventivo y basado en la evaluación y gestión del riesgo. La aplicación se sustenta principalmente en las Leyes N.º 7664, 7788, 8495, 8537 y 8591, sus respectivos reglamentos y reformas recientes. La implementación se realiza principalmente mediante un enfoque sectorial, con especial desarrollo en los ámbitos agrícola, fitosanitario, ambiental y de salud animal. En el sector agrícola, el Decreto Ejecutivo N.º 26921-MAG, reformado por el Decreto Ejecutivo N.º 44244-MAG, establece procedimientos para la importación, movilización, uso confinado, liberación al ambiente y comercialización de OVM de uso agrícola, incluyendo mecanismos de evaluación del riesgo, seguimiento y supervisión. Asimismo, el Decreto Ejecutivo N.º 45785-MAG fortalece la auditoría, fiscalización y verificación del cumplimiento de las medidas de bioseguridad. La implementación operativa se complementa con procedimientos, del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), que estandarizan los procesos de evaluación, autorización, gestión del riesgo, monitoreo y supervisión de actividades con OVM. La Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), como órgano colegiado multisectorial, brinda asesoría técnico-científica a las autoridades competentes en materia de OVM y contribuye a la coordinación interinstitucional y a la toma de decisiones basada en evidencia científica. La bioseguridad también se integra en políticas e instrumentos sectoriales relacionados con agricultura, biodiversidad, sanidad animal y producción agropecuaria sostenible, incluyendo medidas para prevenir riesgos ambientales, proteger la biodiversidad y favorecer la coexistencia con sistemas de producción orgánica. No obstante, la implementación nacional continúa siendo parcial y predominantemente sectorial. Aunque Costa Rica cuenta con un sistema funcional para los OVM de uso agrícola, aún no dispone de una estrategia nacional integral e intersectorial que articule todos los ámbitos del Protocolo de Cartagena. Persisten desafíos relacionados con los OVM-AHAP, el tránsito, los movimientos transfronterizos involuntarios o ilícitos, las capacidades técnicas permanentes, la detección e identificación de OVM y el fortalecimiento de la coordinación institucional.

Costa Rica aplica el artículo 5 del Protocolo de Cartagena mediante su marco nacional de regulación sanitaria de medicamentos biológicos de uso humano, principalmente el Decreto Ejecutivo N.º 37006-S, RTCR 440:2010 y sus reformas. Esta normativa regula la inscripción y control de medicamentos biológicos y biotecnológicos, incluidos productos de ADN recombinante, tanto nacionales como importados. El régimen establece requisitos de calidad, seguridad y eficacia, así como medidas de gestión del riesgo, farmacovigilancia y control durante la fabricación, importación, almacenamiento, transporte y comercialización. No obstante, debe distinguirse entre medicamentos biológicos y OVM, por lo que el artículo 5 resulta aplicable únicamente cuando el producto farmacéutico corresponda a un OVM conforme a la definición del Protocolo. Durante el período del informe no se identificaron casos que requirieran la aplicación de un procedimiento específico del Protocolo de Cartagena a movimientos transfronterizos de OVM destinados a productos farmacéuticos de uso humano. Como oportunidad de fortalecimiento, se reconoce la necesidad de mejorar la coordinación e intercambio de información entre el Ministerio de Salud, los puntos focales del Protocolo y las autoridades competentes, particularmente para la correcta clasificación, trazabilidad y documentación de productos farmacéuticos que contengan o consistan en OVM.

Costa Rica aplica el artículo 6 del Protocolo de Cartagena mediante un marco regulatorio que contempla el uso confinado y el control de la importación y movilización de OVM, principalmente en el ámbito agrícola. La Ley de Protección Fitosanitaria N.º 7664 y su reglamentación otorgan al SFE competencias para regular estas actividades. En materia de uso confinado, el Decreto Ejecutivo N.º 26921-MAG, reformado por el Decreto Ejecutivo N.º 44244-MAG, establece requisitos de autorización, evaluación del riesgo, trazabilidad, monitoreo, inspección y medidas para prevenir escapes o liberaciones accidentales de OVM. Durante el período del informe, las decisiones registradas en el CIISB/BCH corresponden principalmente a OVM de uso agrícola y se adoptaron mediante procedimientos de evaluación del riesgo caso por caso. No obstante, la implementación del artículo 6 continúa siendo predominantemente sectorial. Persisten oportunidades para fortalecer la regulación específica del tránsito internacional de OVM y ampliar la cobertura a otros ámbitos contemplados por el Protocolo de Cartagena.

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Costa Rica implementa los artículos 7 a 10 del Protocolo de Cartagena principalmente mediante la Ley de Protección Fitosanitaria N.º 7664, la Ley de Biodiversidad N.º 7788 y el Decreto Ejecutivo N.º 26921-MAG, reformado por el Decreto Ejecutivo N.º 44244-MAG. Este marco regula la importación, uso confinado, liberación al ambiente y comercialización de OVM de uso agrícola, mediante evaluación del riesgo, gestión del riesgo, autorización previa y supervisión. Las solicitudes relacionadas con movimientos transfronterizos intencionales y liberaciones al ambiente se evalúan caso por caso, considerando las características del OVM, la modificación genética, el uso previsto, el medio receptor, la información científica disponible y las medidas de bioseguridad propuestas, con apoyo técnico de la CTNBio. La normativa incorpora además un enfoque precautorio, permitiendo requerir información o estudios adicionales y establecer medidas de bioseguridad cuando exista incertidumbre sobre los posibles riesgos. El sistema contempla seguimiento posterior a la autorización mediante monitoreo, inspecciones, auditorías, identificación y trazabilidad, así como medidas correctivas y de mitigación ante eventos imprevistos. Durante el período del informe, Costa Rica continuó aplicando estos procedimientos a solicitudes de OVM de uso agrícola, en concordancia con los principios del Acuerdo Fundamentado Previo, la evaluación y la gestión del riesgo establecidos en los artículos 7 a 10. No obstante, el mayor desarrollo normativo y operativo se concentra en los OVM de uso agrícola, por lo que persisten oportunidades para ampliar y fortalecer la aplicación de estos artículos a otras categorías de OVM contempladas por el Protocolo de Cartagena.

Costa Rica no cuenta actualmente con una normativa específica ni con procedimientos regulatorios desarrollados para la toma de decisiones sobre organismos vivos modificados destinados al uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento (OVM-AHAP), en los términos previstos por el artículo 11 del Protocolo de Cartagena. Durante el período cubierto por este informe no se registraron decisiones nacionales relacionadas con la importación, uso o comercialización de este tipo de OVM. El sistema nacional de bioseguridad se encuentra principalmente desarrollado para los OVM de uso agrícola, regulados por la Ley de Protección Fitosanitaria N.° 7664 y su reglamentación, mediante procedimientos de evaluación y gestión del riesgo, autorización, monitoreo y fiscalización. Los OVM producidos localmente se destinan principalmente a investigación, multiplicación de semilla o exportación, y no al consumo o procesamiento nacional. Aunque no existe un procedimiento nacional específico para OVM-AHAP, la normativa aplicable a los OVM regulados incorpora un enfoque preventivo y precautorio. Cuando la información científica disponible resulta insuficiente para determinar razonablemente la ausencia de riesgos, las autoridades pueden requerir información adicional, estudios complementarios o medidas adicionales de gestión del riesgo antes de adoptar una decisión. La ausencia de un marco regulatorio específico para OVM-AHAP y representa una oportunidad prioritaria de fortalecimiento para avanzar hacia una implementación más completa del Protocolo de Cartagena en Costa Rica.

Costa Rica cuenta con mecanismos legales y administrativos para revisar, modificar o revocar decisiones previamente adoptadas sobre organismos vivos modificados (OVM), en concordancia con el artículo 12 del Protocolo de Cartagena. En el ámbito agrícola, estas facultades se sustentan principalmente en la Ley de Protección Fitosanitaria N.º 7664 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N.º 26921-MAG, reformado por el Decreto Ejecutivo N.º 44244-MAG. El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) puede revisar decisiones cuando se disponga de nueva información científica o técnica relevante, o cuando se identifiquen posibles efectos adversos no considerados en la evaluación original. La revisión puede realizarse de oficio o a solicitud de la persona interesada y permite requerir información adicional, modificar las condiciones de una autorización, establecer nuevas medidas de bioseguridad, restringir actividades o adoptar otras acciones para prevenir o mitigar riesgos. El sistema incorpora además un enfoque preventivo y precautorio frente a nueva evidencia o incertidumbre sobre los riesgos asociados. Durante el período del informe no fue necesario revisar, modificar o revocar decisiones previamente adoptadas sobre importación, uso confinado, liberación al ambiente o comercialización de OVM. No obstante, la existencia de estas facultades permite al país responder ante nueva información científica o cambios en la evaluación del riesgo y, cuando corresponda, comunicar las decisiones adoptadas a las personas interesadas y al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (CIISB/BCH).

Costa Rica ha establecido un mecanismo de procedimiento simplificado para determinados OVM de uso agrícola que cuentan con historial de uso previo y autorizaciones anteriores en el país. Aunque los movimientos transfronterizos intencionales continúan sujetos a los procedimientos nacionales de autorización, evaluación y gestión del riesgo, el Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria (Decreto Ejecutivo N.° 26921-MAG), reformado por el Decreto Ejecutivo N.° 44244-MAG, permite una tramitación más expedita para eventos previamente evaluados y autorizados. Este procedimiento aprovecha la información científica y la experiencia regulatoria acumulada, sin eximir a los solicitantes del cumplimiento de las medidas de bioseguridad ni de la evaluación técnica correspondiente. Además, cuando el uso propuesto difiere de autorizaciones previas o existen elementos que lo justifiquen, la solicitud puede someterse nuevamente a revisión técnica. Durante el período cubierto por el presente informe, Costa Rica aplicó este mecanismo principalmente para OVM agrícolas con antecedentes regulatorios en el país, manteniendo la evaluación caso por caso y la protección de la biodiversidad, la agricultura y la salud como principios fundamentales del proceso de toma de decisiones. Este enfoque es consistente con el artículo 13 del Protocolo de Cartagena y se limita actualmente al ámbito de los OVM de uso agrícola.

En Costa Rica no existen acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales en el marco del Artículo 14. En su ausencia, las solicitudes se procesan de manera equitativa y con base en un análisis completo de la información presentada.

En Costa Rica, la evaluación y gestión del riesgo constituyen requisitos fundamentales para la toma de decisiones sobre organismos vivos modificados (OVM), especialmente aquellos destinados al uso agrícola. Este proceso se sustenta en la Ley de Protección Fitosanitaria N.° 7664, la Ley N.° 8537, mediante la cual se aprueba el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, la Ley de Biodiversidad N.° 7788, así como en el Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria (Decreto Ejecutivo N.° 26921-MAG) y su reforma mediante el Decreto Ejecutivo N.° 44244-MAG. Las actividades relacionadas con la importación, uso confinado, liberación al ambiente y comercialización de OVM están sujetas a autorización previa, evaluación técnica y la aplicación de medidas de bioseguridad, monitoreo y vigilancia. La evaluación se realiza caso por caso, con base científica y conforme al Protocolo de Cartagena, mientras que las medidas de gestión del riesgo se incorporan como condiciones de las autorizaciones y son verificadas mediante inspecciones y auditorías oficiales. Asimismo, el Decreto Ejecutivo N.° 45785-MAG fortalece el régimen nacional de auditoría y fiscalización en bioseguridad agrícola. Aunque el país cuenta con una experiencia regulatoria consolidada para OVM vegetales de uso agrícola, persisten oportunidades para fortalecer el marco aplicable a otras categorías de OVM contempladas por el Protocolo.

Durante el período cubierto por el presente informe, Costa Rica no tuvo conocimiento de movimientos transfronterizos involuntarios de OVM que hayan generado o pudieran generar efectos adversos significativos para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. En consecuencia, no fue necesario activar mecanismos de notificación internacional ni adoptar medidas de emergencia relacionadas con este tipo de eventos. No obstante, el país dispone de mecanismos preventivos y regulatorios que contribuyen a reducir la probabilidad de ocurrencia de este tipo de situaciones, particularmente en el ámbito de los OVM de uso agrícola. La normativa vigente exige la realización de evaluaciones del riesgo antes de la autorización de actividades con OVM, la aplicación de medidas de bioseguridad, el seguimiento de los proyectos autorizados, la identificación y documentación de organismos regulados y la implementación de medidas de gestión del riesgo proporcionales a los riesgos identificados. Asimismo, la regulación agrícola contempla condiciones de confinamiento, monitoreo, vigilancia e inspección orientadas a prevenir liberaciones no autorizadas o movimientos no controlados de OVM. Costa Rica reconoce, sin embargo, que aún existen oportunidades para fortalecer la implementación del artículo 17, particularmente en aspectos relacionados con la detección temprana, la identificación molecular de OVM, la capacidad analítica de laboratorio, la coordinación interinstitucional, la notificación de incidentes, la gestión de emergencias y la elaboración de protocolos específicos para movimientos transfronterizos involuntarios. En consecuencia, aunque no se han registrado eventos que hayan requerido la aplicación práctica del artículo 17, el país reconoce la importancia de continuar fortaleciendo sus capacidades preventivas, de monitoreo, detección y respuesta para asegurar una gestión adecuada de eventuales movimientos transfronterizos involuntarios de OVM en el futuro.

Costa Rica aplica el artículo 18 principalmente a los OVM de uso agrícola, mediante disposiciones que regulan su identificación, documentación, manipulación, empaque, almacenamiento, transporte y movilización. La Ley de Protección Fitosanitaria N.º 7664 y el Reglamento a dicha ley, Decreto Ejecutivo N.º 26921-MAG y sus reformas, exigen autorización previa, documentación específica, trazabilidad y medidas de bioseguridad para las actividades con estos organismos. Los OVM agrícolas autorizados deben estar acompañados de información que permita verificar su identidad, destino, condiciones de manejo seguro y responsables. La normativa también establece controles sobre los medios de transporte, empaque, almacenamiento y movilización, así como facultades de inspección y seguimiento por parte del SFE. No obstante, persisten limitaciones operativas relacionadas con el muestreo y la detección en puntos de ingreso, la capacitación del personal de control, la disponibilidad de materiales de referencia certificados y el fortalecimiento de las capacidades laboratoriales. Además, la aplicación se concentra en los OVM agrícolas y aún no existen mecanismos equivalentes plenamente desarrollados para los OVM destinados al uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento. En consecuencia, Costa Rica cuenta con un marco documental y regulatorio funcional para los OVM agrícolas, pero requiere fortalecer la vigilancia, verificación analítica y cobertura de otras categorías de OVM para lograr una aplicación más integral del artículo 18.

La aplicación del artículo 19 en Costa Rica se sustenta en una distribución sectorial de competencias entre las autoridades relacionadas con los OVM. En el ámbito agrícola, la Ley de Protección Fitosanitaria N.º 7664 y su Reglamento facultan al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) para tramitar solicitudes, autorizar actividades, establecer medidas de bioseguridad y supervisar los proyectos. Asimismo, el Decreto Ejecutivo N.º 44748-MAG asigna al Programa de Organismos Genéticamente Modificados (POGM) funciones de regulación, registro, inspección, seguimiento y coordinación. Otras instituciones ejercen competencias según el tipo de OVM y su uso previsto, como el SENASA en materia de salud animal. La CTNBio actúa como órgano asesor y espacio de articulación técnica, sin sustituir las competencias legales de las autoridades nacionales competentes. Durante la elaboración del Quinto Informe, con la participación de instituciones públicas, academia, sector productivo y sociedad civil, permitió identificar necesidades de fortalecimiento. Costa Rica dispone de una estructura institucional funcional y mecanismos de coordinación que han permitido la implementación del Protocolo, especialmente en el ámbito agrícola. Como parte del fortalecimiento continuo del sistema nacional de bioseguridad, se prevé seguir consolidando la articulación entre los sectores agrícola, ambiental, de salud humana y de salud animal, así como mejorar los mecanismos de comunicación e intercambio de información.

De conformidad con la normativa aplicable, la información correspondiente a las decisiones adoptadas debe mantenerse actualizada en el CIISB. Actualmente, se está realizando una verificación para determinar si existen registros pendientes de actualización.

Costa Rica utiliza el Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (CIISB/BCH) como plataforma oficial para consultar y comunicar información relacionada con los OVM y la aplicación del Protocolo de Cartagena. El país cuenta con un punto focal nacional y usuarios autorizados, principalmente para información sobre OVM de uso agrícola vegetal. Durante el período del informe, el CIISB se utilizó regularmente y no se reportaron dificultades de acceso. La normativa establece que las decisiones nacionales sobre OVM deben ser incorporadas al CIISB. Actualmente se gestiona la designación de usuarios registradores por parte de las demás autoridades. Como parte del fortalecimiento del sistema, se busca consolidar un procedimiento interinstitucional para la actualización y control de la información del CIISB.

Costa Rica protege la información legítimamente confidencial presentada en los procedimientos regulatorios relacionados con OVM mediante la aplicación del marco jurídico general sobre información no divulgada. Cuando un solicitante identifica información comercial o industrial sensible, la autoridad competente evalúa su condición de confidencialidad y restringe su divulgación cuando corresponde, sin limitar el acceso de las autoridades a la información necesaria para la evaluación del riesgo y la toma de decisiones. De conformidad con el artículo 21 del Protocolo, la protección de información confidencial no impide la divulgación de información esencial para la transparencia regulatoria, incluyendo aspectos generales del OVM, el propósito de su utilización y las conclusiones relevantes de la evaluación del riesgo. Aunque este enfoque ha permitido gestionar adecuadamente la confidencialidad en los procedimientos relacionados con OVM agrícolas, el país reconoce la conveniencia de desarrollar lineamientos más específicos para fortalecer la claridad, transparencia y seguridad jurídica en esta materia.

La creación de capacidades en seguridad de la biotecnología en Costa Rica se ha apoyado principalmente en proyectos de cooperación internacional y financiamiento externo, especialmente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), canalizado por el PNUMA. Durante el período reportado, estos recursos contribuyeron al fortalecimiento institucional, la capacitación técnica, el intercambio de experiencias, la actualización normativa y la preparación y validación del Quinto Informe Nacional. El apoyo recibido ha permitido fortalecer capacidades en evaluación y gestión del riesgo, coordinación interinstitucional, intercambio de información mediante el CIISB/BCH y participación de diferentes actores. Asimismo, el proceso de validación permitió identificar necesidades adicionales en áreas como detección e identificación de OVM, muestreo y vigilancia, gestión de emergencias, laboratorios y formación técnica especializada. No obstante, Costa Rica aún no cuenta con una fuente nacional de financiamiento estable destinada específicamente a la creación de capacidades en bioseguridad. Por ello, continúa siendo importante desarrollar mecanismos sostenibles de financiamiento y programas de capacitación de largo plazo que permitan consolidar y mantener las capacidades necesarias para la implementación del Protocolo de Cartagena.

Costa Rica aplica el artículo 23 del Protocolo de Cartagena mediante mecanismos de información, transparencia y participación pública, principalmente en el ámbito de los OVM de uso agrícola. La normativa establece la publicación de determinadas solicitudes de autorización en medios de circulación nacional y canales oficiales del SFE, permitiendo la presentación de observaciones durante los procesos de evaluación y toma de decisiones. Asimismo, se facilita el acceso a información no confidencial y se utiliza el CIISB/BCH para divulgar información normativa, institucional y regulatoria. En materia de educación y sensibilización, existen programas académicos relacionados con biotecnología y bioseguridad, así como actividades de capacitación dirigidas al personal de instituciones, empresas y organizaciones que realizan actividades con OVM. No obstante, durante la validación del Quinto Informe se identificó que las actividades de concienciación y educación pública se desarrollan principalmente mediante procedimientos regulatorios, proyectos y actividades académicas. Como oportunidad de fortalecimiento, Costa Rica reconoce la importancia de consolidar estrategias permanentes de comunicación, educación, acceso a la información y participación pública en materia de bioseguridad.

Costa Rica aplica el artículo 24 del Protocolo de Cartagena mediante la aplicación de su normativa nacional a los movimientos transfronterizos de OVM, independientemente de que el Estado de origen sea o no Parte del Protocolo. Los OVM sujetos a autorización deben cumplir los requisitos nacionales de evaluación y gestión del riesgo, documentación, identificación, seguimiento y medidas de bioseguridad. El país no cuenta con procedimientos diferenciados para los movimientos provenientes de Estados que no son Partes, por lo que se aplican de manera uniforme los requisitos establecidos en la normativa nacional. Este enfoque permite mantener los estándares nacionales de protección en las actividades autorizadas con OVM. Como oportunidad de fortalecimiento, se identifica la conveniencia de desarrollar lineamientos y mecanismos de coordinación específicos para estos movimientos, particularmente en materia de intercambio de información, documentación y trazabilidad con las autoridades de Estados que no son Partes del Protocolo.

Costa Rica aplica el artículo 25 del Protocolo de Cartagena mediante la normativa nacional que regula y controla las actividades con OVM de uso agrícola, incluyendo requisitos de autorización, documentación, identificación, movilización, inspección y seguimiento, bajo la supervisión del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y con apoyo técnico de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio). Durante el período del informe, no se identificaron casos confirmados de movimientos transfronterizos ilícitos de OVM ni situaciones que requirieran notificación al CIISB/BCH o determinación de su origen. En conjunto, Costa Rica dispone de una base regulatoria e institucional para prevenir y atender estas situaciones, con oportunidades de fortalecimiento para consolidar su capacidad operativa y de respuesta.

En Costa Rica, las decisiones sobre importación, uso confinado y liberación al ambiente de OVM se fundamentan principalmente en la evaluación y gestión científica del riesgo, conforme a la normativa nacional y al Protocolo de Cartagena. Los procedimientos consideran posibles efectos sobre la biodiversidad, la agricultura y, cuando corresponde, la salud humana y animal. Actualmente, Costa Rica no cuenta con procedimientos o metodologías específicas para incorporar de manera sistemática consideraciones socioeconómicas en la toma de decisiones sobre OVM. Durante el período del informe no se adoptaron decisiones que incluyeran este tipo de consideraciones. Como oportunidad de fortalecimiento, se identifica la conveniencia de desarrollar lineamientos que permitan incorporar, cuando resulte pertinente, consideraciones socioeconómicas relacionadas con la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad y con posibles efectos sobre comunidades y actividades productivas. En consecuencia, durante el período del informe, luego del análisis de cada caso para la toma de decisiones, se determinó que no era necesario incorporar consideraciones socioeconómicas. La evaluación científica del riesgo constituye la base principal del sistema nacional para la toma de decisiones.

Costa Rica ha participado en mecanismos de cooperación técnica, científica e institucional relacionados con la implementación del Protocolo de Cartagena. Durante el período del informe, representantes nacionales participaron en actividades regionales de intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades, incluyendo talleres organizados por la República Dominicana, en los cuales Costa Rica compartió su experiencia normativa, institucional y regulatoria en materia de organismos vivos modificados. Asimismo, autoridades y expertos nacionales participaron en espacios de intercambio técnico coordinados por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), relacionados con la evaluación y gestión del riesgo, los marcos regulatorios, el intercambio de información y la aplicación del Protocolo. Estas iniciativas han contribuido al fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales y de la cooperación regional para la implementación del Protocolo de Cartagena.

Costa Rica no cuenta actualmente con normativa específica adoptada en el marco del Protocolo Suplementario de Nagoya-Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación. No obstante, el ordenamiento jurídico nacional contempla disposiciones en materia de responsabilidad administrativa, civil y penal aplicables a actividades con OVM de uso agrícola, sustentadas principalmente en los siguientes instrumentos: Ley N.º 7664, Ley de Protección Fitosanitaria. Ley N.º 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal. Ley N.º 7788, Ley de Biodiversidad. Decreto Ejecutivo N.º 26921-MAG y sus reformas. Decreto Ejecutivo N.º 44244-MAG. Decreto Ejecutivo N.º 45785-MAG, Reglamento de Auditorías en Bioseguridad Agrícola

Costa Rica no es Parte del Protocolo Suplementario de Nagoya-Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación y, en consecuencia, no ha adoptado legislación específica para su implementación. No obstante, el país dispone de un conjunto de instrumentos jurídicos y administrativos aplicables a las actividades con OVM, especialmente en el ámbito agrícola, que permiten adoptar medidas preventivas, correctivas y sancionatorias ante riesgos o daños potenciales. Entre estos instrumentos se encuentran la Ley de Protección Fitosanitaria (Ley N.° 7664), su Reglamento (Decreto Ejecutivo N.° 26921-MAG y sus reformas), la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal (Ley N.° 8495), la Ley de Biodiversidad (Ley N.° 7788) y la normativa sobre producción agropecuaria orgánica. Estas disposiciones facultan a las autoridades competentes para autorizar actividades con OVM, realizar evaluaciones del riesgo, ordenar medidas de mitigación, retención, decomiso o destrucción de materiales cuando corresponda, así como aplicar responsabilidades administrativas, civiles o penales en caso de incumplimiento de la normativa vigente. Durante el período cubierto por el informe no se registraron casos de daños atribuibles a OVM que requirieran la activación de mecanismos de respuesta o compensación. Sin embargo, el país ha continuado fortaleciendo su marco regulatorio e institucional en materia de bioseguridad, particularmente mediante la actualización de procedimientos de evaluación del riesgo, seguimiento, fiscalización y auditoría en bioseguridad agrícola. Asimismo, los procesos nacionales de revisión y validación del Quinto Informe Nacional han permitido identificar oportunidades para analizar el desarrollo futuro de disposiciones más específicas en materia de responsabilidad